Desbaratan una banda de apuestas ilegales por internet que operaba en el noroeste bonaerense
Está vinculada al denominado “Rey del Juego” provincial. Se hicieron tres allanamientos y se encontraron computadoras, celulares y datos relevantes par la causa. Hubo coordinación de esfuerzos judiciales y policiales, informa esta tarde Datatreque.
Una organización que administraba un casino clandestino on line en la ciudad de Trenque Lauquen, operaba en el noroeste bonaerense y estaba ligada al denominado “Rey del Juego” fue desmantelada tras una prolija y minuciosa investigación que demandó casi un año y medio y requirió recursos coordinados de la Policía de Seguridad, de Investigaciones, de Narcotráfico y de la Fiscalía General Departamental, todos bajo las órdenes del fiscal Manuel Iglesias, titular de la UFI N° 5.
La organización fue desbaratada en las últimas horas luego de concretarse tres allanamientos simultáneos en dos viviendas de la ciudad ubicadas en Freire al 543 y 12 de Abril al 1016, y en una peluquería céntrica emplazada en la esquina de San Martín y Pellegrini, informaron fuentes policiales y judiciales.
En los procedimientos fueron aprehendidas tres personas, entre ellas el jefe de la estructura, Leandro Juvenal Casas, de 48 años, hermano del ex comisario bonaerense Pablo Emilio Casas, expulsado de la fuerza e investigado por enriquecimiento ilícito y apodado por los medios nacionales como “El Rey del Juego” en la provincia de Buenos Aires.
También fueron puestos a disposición de la justicia la esposa de Casas, Ivana Guillot, de 43 años, y Luis Horacio Gómez Muñoz, de 39 años, el estilista.
En el operativo se incautaron anotaciones relacionadas al juego ilegal, chequeras, dinero en efectivo, celulares y computadoras, entre otros elementos de interés para la causa.
Los imputados están acusados de administrar el juego clandestino, fundamentalmente en el noroeste provincial, a través de distintos tipos de apuestas en páginas web, generando el funcionamiento de una estructura ilegal paralela al Estado donde el rédito económico queda exclusivamente para los operadores, desviando el fin social que los organismos oficiales persiguen con lo recaudado en el juego legal.
Además, el sistema ilegal genera un serio daño a la comunidad, que no puede ser controlado por el Estado, y donde familias enteras se ven desposeídas de sus bienes materiales para poder pagar las deudas de juego y terminan en ruinas y desmembradas.
El expediente se llevó adelante en el marco de la infracción al artículo 301 bis del Código Penal, que establece que “será reprimido con prisión de tres (3) a seis (6) años el que explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente”.
