Aportes falsos: la auditoría interna ya detectó irregularidades

El informe encargado por Vidal a estrechos colaboradores de Cambiemos reveló que hay aportantes que donaron hasta $5 millones y que no figuran en la nómina oficial

El informe encargado por Vidal a estrechos colaboradores de Cambiemos reveló que hay aportantes que donaron hasta $5 millones y que no figuran en la nómina oficial Crédito: Santiago Filipuzzi

Una cosa es muy real: fue tal el descalabro en el sistema de recaudación de la última campaña legislativa de Cambiemos que, además de los cientos de «aportantes truchos» denunciados, ahora aparecieron otros aportantes que dicen que donaron $5 millones y no figuran en el listado oficial presentado ante la Justicia Electoral.

El dato surge de la «auditoría» interna que encomendó la gobernadora María Eugenia Vidal a un equipo de colaboradores de su propio partido y estrecha confianza. Se cree que muchos de esos «aportantes reales», que no figuran, fueron reemplazados por personas que no realizaron ningún tipo de aporte y cuyos casos, poco a poco, salen a la luz.

Lejos de resultar exculpatorio, estos datos preliminares muestran el nivel de descontrol financiero que imperó en la campaña de Cambiemos durante las legislativas del año pasado, lo que derivó en una investigación periodística, múltiples denuncias penales y la remoción de la contadora general de la provincia a Fernanda Inza, una estrecha colaboradora de Vidal que se desempeñó como tesorera de las campañas de 2015 y 2017.

Vidal se vio forzada, además, a anunciar una «auditoría» interna de su campaña que, según confirmaron fuentes oficiales a LA NACION, quedó en manos de tres funcionarios que responden directo a la propia Vidal o, incluso, al propio presidente a Mauricio Macri. Se trata del secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Pablo Clusellas; del ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, y del asesor general de Gobierno provincial, Patricio Blanco Ilari.

Una vez concluida esa «auditoría», junto a Vidal prometen que entregarán a la Justicia sus resultados y toda la información disponible sobre la campaña de 2017. Pero eso podría demorarse por el grado de «dispersión» e «informalidad» verificados hasta ahora en el sistema recaudatorio, como lo calificaron ante la consulta de LA NACION. También, porque esperarán a que se determine si se unificarán en un solo juzgado todas las causas penales que se abrieron en los fueros provincial y federal, lo que podría demorar varias semanas ya que solo mañana se levanta la feria judicial.

Hasta ahora, la responsabilidad por el escándalo de los aportantes falsos solo recayó en Inza, quien debió presentar su renuncia como contadora general pero continúa vinculada a Cambiemos. Por un lado, porque Alejandro Pérez Chada, abogado personal del presidente Macri y del titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, asumió como su defensor. Por el otro, porque el equipo de prensa de Vidal aún responde por ella.

Sin embargo, desde la gobernación insisten en que Inza es la responsable del manejo financiero de la recaudación electoral de 2017 y todos los cañones apuntan en la misma dirección sin mencionar otros posibles culpables o responsables por la oscura situación de los fondos de campaña. «Ella tomó la decisión y ella se equivocó», dijeron las fuentes oficiales. E intentaron despegar del escándalo a la gobernadora Vidal y al jefe de Gabinete, Federico Salvai.

Las investigaciones judiciales podrían modificar el panorama, por ejemplo, a partir de la denuncia de la senadora kirchnerista Teresa García, quien apuntó directo contra la gobernadora Vidal, presentación que quedó en manos del juez federal platense Ernesto Kreplak.

Si cumple con sus objetivos, la «auditoría» implicará una tarea ardua: deberá ser lo más transparente posible para que no queden dudas sobre la procedencia de los fondos de campaña y las personas que figuran como donantes. También, explicar cuántos aportantes son truchos, cuántos figuran como afiliados al Pro y cuántas de esas afiliaciones también pueden ser apócrifas. Entre otros motivos, porque un primer relevamiento de la Justicia Electoral arrojó que 99 de 100 casos testigo de personas que figuran como aportantes (y niegan serlo) también aparecen afiliadas al Pro.

Más allá de las sospechas que pueda generar la metodología de la auditoría en la oposición y en los damnificados que figuran como aportantes «truchos», las especulaciones también apuntan a que ese análisis quede en manos de funcionarios y que, dos de ellos, tuvieron roles en la campaña de Cambiemos ahora bajo la lupa.

Así, por ejemplo, el primero de los auditores, Clusellas, es reconocido como un «mentor» de Inza y es uno de los apoderados del Pro bonaerense. Y otro auditor, Blanco Ilari, también fue apoderado electoral y trabajó como el número dos de Inza cuando ambos se desempeñaron en la Secretaría Legal y Técnica de la gobernación.

Desde la oposición plantean otra pregunta: cómo se solventarán los gastos de la auditoría. Porque si bien los auditores son funcionarios, el trabajo que realizan no es inherente al Estado bonaerense, sino a Cambiemos durante la campaña electoral de 2017.

Los números de esa elección revelan, por lo pronto, que Cambiemos fue la alianza que más dinero desembolsó en la provincia, con $70 millones, mientras que Unidad Ciudadana apenas declaró $23 millones. Incluso se situó por debajo Florencio Randazzo que gastó $37,5 millones y de 1 País, la alianza de Sergio Massa y Margarita Stolbizer, que destinó $30 millones, según los informes de financiamiento que entregaron a la Cámara Nacional Electoral en octubre pasado.

En esos informes, el kirchnerismo declaró aportes privados por solo $4 millones. En el extremo opuesto, Cambiemos detalló $42 millones en donaciones privadas, su principal fuente de financiamiento, según remarcó entonces Inza a la nacion. «Hay donaciones de muchos funcionarios políticos, como ministros y otros cargos a nivel nacional. También hay empresarios que aportaron desde 5000 hasta 250.000 pesos, en especial, mucha gente del interior bonaerense, mucho apoyo del campo», planteó la entonces tesorera de Cambiemos bonaerense, hoy bajo la lupa.

Ahora también aquellos números del kirchnerismo indignan al entorno de Vidal. «El informe que presentaron es imposible y ridículo. ¡Si solo imprimir las boletas electorales costó 16 millones de pesos!», indicó un estrecho colaborador de la gobernadora, aunque aclaró que no buscaba así exculpar a los propios: «Nos mandamos un moco monumental. Ahora hay que poner la cara». (Por Hugo Alconada Mon y Jesús Cornejo)