El Defensor del Pueblo de la Provincia solicitó la nulidad e inconstitucionalidad del tarifazo
Guido Lorenzino hizo su presentación ante la justicia para “que ordene el descalabro” que generó el Estado “que hace 26 meses tomó partido por los más poderosos”.
Las tarifas aumentaron más 1000% en los últimos dos años y por eso desde la Defensoría del Pueblo se apunta a morigerar el impacto en el bolsillo de los más vulnerables. Ya que en el primer trimestre de 2018 los reclamos que recibió por los aumentos de los servicios públicos crecieron un 82% respecto al mismo período de 2016, cuando comenzó a sentirse el impacto de los nuevos cuadros tarifarios. En tanto, los que tienen que ver con la tarifa social subieron más de 92% en estos dos años.
Lorenzino ya intimó a las distribuidoras del servicio a que se abstengan de interrumpir la provisión por falta de pago en el marco de aumento de tarifas y el menor beneficio que se puede obtener de la tarifa social.
En declaraciones radiales, dijo: “El cuadro tarifario resulta confiscatorio, y esperamos que la Justicia ordene este descalabro». Además, señaló: «Seas jubilado de la mínima o seas un discapacitado, pagás lo mismo que un usuario de Nordelta ya que la tarifa social es un título, casi inexistente. El Estado hace 26 meses que ha tomado partido por los más poderosos, con lo cual el Estado no está cumpliendo hoy su rol esencial que es cuidar a los más débiles, a los más desprotegidos”.
Lorenzino también dijo que «si había que actualizar las tarifas, porque supuestamente en 12 años no se hizo, no se puede ahora actualizarlas en dos (años). Ahí hay una falta de proporcionalidad y además hay que mirar que el salario no aumentó en el mismo sentido, y la tarifa social es el otro tema que no existe más, claramente es un título».
En tanto, en el informe del 25 de abril ante la Cámara de Diputados de la Nación, el Jefe de gabinete, Marcos Peña, comunicaba la continuidad del tarifazo: «Prevemos que hacia fines de 2019 finalicen los aumentos asociados a la reducción de subsidios, con excepción de la región patagónica para el gas natural y para el noreste en términos de energía eléctrica, siempre manteniendo un esquema de tarifa social».
