COLUMNA DE OPINIÓN: Es repugnante ver como dirigentes de Cambiemos intentan poner las estructuras del Estado al servicio de sus arcas
Cada vez es más evidente como la insolencia de algunos dirigentes no tiene límites, transformándolos en peligrosos para el pueblo argentino.
Escribe Dr. Juan José Prieto, Farmacéutico Nacional – Mat. 13826
Tras diversos reveses judiciales en el que se dejó en evidencia que la conducta de Farmacity (una cadena de farmacias con un formato de autoservicio que es el resultado del emprendimiento de un grupo de inversores y empresarios de diversos sectores) era la de obtener una rentabilidad extraordinaria y absoluta a partir de la “eventual” exclusión de los competidores que si se ajustan a las normas vigentes, con una actitud tendenciosa a lograr simples actos comerciales, los cuales están muy alejados de priorizar la salud de los argentinos o de trabajar por un sistema sanitario más saludable y conveniente para todos.
Esto deja en evidencia que la postura de esta empresa siempre ha estado en una posición muy distante de la esencia de la ley actual, que pretende el bienestar de la ciudadanía. Para lograr sus objetivos, este grupo de empresarios, se valen de sus allegados políticos con el fin de satisfacer sus bajos instintos. Es así, que a través de presiones a la justicia por parte del Licenciado en Economía Mario Quintana, actual Secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete de Ministros a nivel nacional, y accionista del fondo de inversiones Pegasus, intentan precipitar lo legislado poniendo en riesgo no solo a sus «competidores», las farmacias pequeñas y medianas distribuidas en la provincia de Buenos Aires, sino a cada uno de sus habitantes.
Como lo expresan varios medios, el segundo de Marcos Peña es accionista de Farmacity y busca que esa cadena ingrese en la provincia, para lo cual necesita que se modifiquen las leyes vigentes y la farmacia deje de ser un servicio de salud para cumplir las funciones de un mero comercio. Para esto, Quintana logró que la Corte Suprema de Justicia admitiera un Recurso de Queja, presentado ante el rechazo de los tribunales bonaerenses a la instalación de la cadena Farmacity en la provincia de Buenos Aires.
Entre las pretensiones de la empresa se destacan las de quedar exenta de dar cumplimiento a la Ley Nº 10.606, que establece, por ejemplo, la instalación de farmacias con una distancia mínima de trescientos metros entre ellas y prohíbe de que sean controladas por una sociedad anónima, entre otros puntos. Además, en 2013, el Ministerio de Salud de la Nación dictó una resolución en la que se estableció que las farmacias solo pueden dedicarse a la venta de recetas preparadas, dispensa de drogas, medicamentos y productos destinados a la higiene o estética, por lo que el modelo «shopping» o de autoservicio que promueve Farmacity es ilegal.
Otras de las graves situaciones que están ocurriendo y que «nadie sospechaba» es que el abogado patrocinante de Farmacity en los diversos litigios , Carlos Rosenkrantz, sería designado miembro del máximo tribunal judicial de la República Argentina, otra irregularidad viciada de imparcialidad y de ética profesional.
Es decir, que actualmente Farmacity tiene a uno de sus accionistas como coordinador del Gabinete y a su ex-abogado como juez de la Corte Suprema de Justicia, dos aristas que le permiten poder avasallar todo lo que les impida lograr sus necesidades espurias e incluso poder precipitar leyes provinciales con 30 años de antigüedad, todo un «Cambio».
Llegado a este punto vale hacer una reflexión sobre lo que significa una Farmacia comunitaria y una comercial, así como discernir cual es el mejor modelo de farmacia que mantenga un sistema sanitario fuerte y saludable para todos; más aún si consideramos datos otorgados por la OMS que expresa que «más del 50% de los medicamentos se prescriben, dispensan o venden de forma inapropiada y la mitad de los pacientes no los toman correctamente».
En principio, y para entender el modelo más conveniente, deberíamos definir el valor de una estrategia en política farmacéutica adecuada a la comunidad, que estime que el ser humano no debería elegir consumir un medicamento, sino que su consumo es por una necesidad manifiesta o concreta, y que está contemplada como un derecho básico, constitucional, a la salud y con la cual no se debe intentar lograr ganancias extraordinarias.
En Argentina, y en contraposición a esta saludable postura, es evidente que existen algunos sectores empresariales, como es el caso particular de Farmacity y algunas Obras Sociales, entre otros, que avalados por algunos políticos, pretenden desvirtuar el servicio profesional que brinda la Farmacia comunitaria, intentando imponer un modelo de Farmacia Shopping; es decir, usando el poder que el pueblo les dio intentan reemplazar al profesional por una góndola, puntualizando en estrategias de marketing y publicidad para lograr aumentar sus ventas por impulso (algo muy peligroso para los pacientes).
Es más que evidente que el objetivo central es promover la venta compulsiva sin ninguna regulación que se interponga, así como manejar monopólicamente el mercado de medicamentos con el único fin de lograr ganancias excepcionales en base a una necesidad social. En este esquema, la farmacia profesional pasa a ser un obstáculo.
Para encuadrar esta repudiable foto es importante destacar que quienes nos gobiernan deberían establecer pautas transparentes que hagan una diferencia saludable entre quienes padecen una necesidad y aquellos que solo quieren obtener una renta extraordinaria a partir de la misma. También, es esencial terminar con la insolencia de algunos dirigentes que parecen utilizar las estructuras del Estado para hacer legal lo que es ilegal, o poner ese Estado al servicio de sus arcas, porque en definitiva lo que hacen es destruir un modelo sanitario en pos del dinero, afectando aún más a los pobres o perjudicando la salud de todos los pacientes (desde el más rico hasta el que menos tiene).
«La dignidad, honestidad y la ética son cualidades similares a un buen perfume, no todos lo saben llevar».
