La muerte del cazador de liebres en La Pampa abre el debate sobre esta práctica en nuestra zona
Hace apenas horas se conoció la noticia de la muerte de un joven cazador en Lonquimay, oriundo de General Pico, identificado como Santiago Garibaldi, de 38 años, mientras que uno de sus tres compañeros, de apellido Casabonne resultó herido en un glúteo.
Según los primeros datos, en un presunto enfrentamiento con la Policía en la zona rural, el fallecido recibió el disparo mortal en la cabeza, luego de lo cual los efectivos, que serían dos y estrían detenidos, se fueron del lugar.
Los cazadores llegaron al Hospital de Lonquimay con el vehículo, una camioneta Ford con dos ruedas en llanta y con su salud en el estado detallado.
Posteriormente y a medida que se conocía al noticia hubo diferentes reacciones y acciones, tanto de la gente como de funcionarios competentes.
El resto de los detalles y la marcha del caso se pueden leer en los distintos medios digitales de la región.
El punto sobre la caza furtiva en nuestra zona radica en la eterna discusión de la aplicación de la Ley y su control y el respeto o no por ésta y sus posibles consecuencias.
Tierno, el discutido Ministro de Seguridad Pampeano, había advertido públicamente la orden que pesaba sobre los efectivos policiales ante estos casos; el primer disparo intimidatorio al aire, si escapan, el segundo a la cabina.
Tiempo atrás cuando se conoció el permiso para cazar liebres en nuestros distritos, inmediatamente surgió al duda y la polémica al mismo tiempo.
Mientras que los cazadores rápidamente comenzaban a salir, las autoridades políticas competentes y policiales advertían acerca de las restricciones y obligaciones que pesaban sobre la práctica.
Esto generó desde discusiones, explicaciones mediáticas hasta secuestros (de vehículos y armas), multas y aprehensiones.
Lo que está en discusión es hasta dónde las partes saben qué deben hacer o hasta donde pueden hacer.
Las disposiciones son muy claras en sus resoluciones, por lo tanto quienes cazan deberían tener en cuenta que al hacerlo deben ajustarse a las mismas sin reclamos; del mismo modo tener presente que en cualquier momento y lugar pueden ser requeridos para asegurar su legitimidad en la práctica.
Por su parte, la Policía hasta donde puede/debe llegar?
La misma población que le exige haga cumplir con lo que la Ley establece es la que reclama si «en ese cumplimiento se alcanzan los extremos». Y ahí, como sucedió en la Pampa y otros lugres cercanos a los nuestros, deben quienes son requeridos acceder o al negarse los efectivos deben proceder?, de ser así, cómo y hasta dónde?.
Quienes cazan pueden hacerlo por negocio, hobby o necesidad, por lo tanto sería una fuente de trabajo o hasta una necesidad cubierta, pero hasta dónde fuera de las normas que hoy existen?
Qué está bien y qué está mal?
De quién es la responsabilidad al final (o desde el principio)?
Con los años que lleva esta discusión nadie a encontrado una respuesta y si así ha sido, a la vista está que no la han aplicado del todo; tal vez usted la tenga o pueda aportar a que la encuentren. (Foto nuevodiarioweb)
Se trata de un hecho desgraciado, producto de una falta de politica desde el Ministerio de la Producción en relación a un recurso como el de la explotación de la liebre, que bien encarado podria generar puestos de trabajo e ingresos económicos a la provincia.
Sucesos como el presente, lamentablemente habrán de repetirse, ya que los funcionarios del área se encuentran más interesados en una fantasiosa «cuenca porcina» y no ven los recursos que la realidad ofrece y que bien canalizados evitarían estos luctuosos hechos.
No podemos olvidar las secuelas que deja esta actividad de caza irregular en caminos vecinales, y atender la queja de los productores con sus animales heridos y muertos por balas perdidas y que arrojan más inseguridad a los vecinos.
No pueden cargarse las culpas sobre el órgano al que la sociedad le ha reclamado y dado la potestad para que reprima estas conductas de peligro a la comunidad, cuando la verdadera responsabilidad está en el área que debe fijar la política de producción de la provincia, atendiendo a la existencia de los recursos que ya existen.