Alberto Fernandez firmó un decreto que prohíbe a las empresas despedir trabajadores por 60 días

La decisión de robustecer el Fogar tiene por objetivo otorgar a los bancos las garantías para que las pymes puedan acceder a los préstamos y asegurar así el repago de los préstamos para capital de trabajo. Las garantías podrán cubrir hasta el 100% del préstamo.

Después de un día de fréneticas reuniones, la Casa Rosada informó sobre la publicación de los tres decretos cerca de las 24. Antes, el Presidente estuvo reunido con parte de su equipo, entre ellos el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero ; el ministro de Trabajo Claudio Moroni y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra , entre otros, puliendo los detalles de la medida.La informalidad de la economía agranda el desafío para que todas las empresas logren finalmente pagar los salarios a fin de mes. En ese sentido, en el Gobierno contaron que para las firmas que no logren llenar los casilleros habilitantes en el sistema formal, el Estado dará un aval especial a través de fondos de garantía para allanar el camino al financiamiento.

La medida, que también incluyó la prórroga de la cuarentena hasta el 12, se trata de la respuesta del Gobierno al pedido de la CGT para evitar que la crisis del coronavirus impacte de lleno sobre el nivel de empleo y como gesto para los empresarios.

Aún sin definición quedó si habrá una segmentación de acuerdo al tamaño de la empresa. Según un borrador de un DNU que circuló por distintos despachos oficiales, el Gobierno creará el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para las empresas afectadas por el parate económico que provocó la cuarentena.

La medida está dirigida a las pymes, pero es también una muestra de autoridad luego de que Techint desvinculara a 1450 trabajadores. Las empresas que adhieran al programa se comprometen a no echar a sus empleados y deberán reincorporar a los trabajadores que fueron despedidos después del 29 de febrero.

A través de los Repro, la Anses se hará cargo del neto del salario con un máximo de un salario mínimo por cada trabajador ($ 16.875) de las empresas de hasta 25 trabajadores. De 26 a 60 trabajadores, cubrirá un máximo equivalente al 75% del salario por cada trabajador ($ 12.656) De 61 a 100 empleados, el Estado pagará el 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil por cada trabajador; es decir, $8.437,50.

Además, otro de los puntos destacados es que contempla la reducción de las cargas patronales de hasta el 95%

El jefe del Estado le adelantó parte de su plan hoy al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y a los intendentes del conurbano, con quienes participó de una videoconferencia. Fue en ese escenario que el Presidente confirmó que tomará la medida por decreto en las próximas horas y que la prohibición se extenderá por un plazo de 60 días.

La decisión responde a un pedido de que realizó la central obrera, que entró en alerta tras la decisión de Techint de dejar sin trabajo a 1450 personas. Tanto fue así que Héctor Daer, uno de los líderes de la CGT, reclamó la suspensión de los artículos 221 y 247 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que permiten despedir por «razones de fuerza mayor».

Desde la central obrera además le reclamaron al Presidente «la conformación de un comité de crisis entre el Gobierno, empresarios y sindicatos para analizar la situación de la producción y los empleos» en el contexto generado por la pandemia de coronavirus.

«Hay que lograr que todos los empleos sigan en pie en una situación muy difícil, porque estamos ante un escenario nuevo y los gremios estamos a disposición para a ayudar. Está claro que esta crisis sanitaria va a dejar tierra arrasada en la economía, con más empleo en negro, desempleados, pobres e indigentes», describió el secretario de Prensa y Comunicación de CGT, Jorge Sola, en declaraciones radiales.

En medio de la crisis, los empresarios le reclamaron al Gobierno financiamiento barato, alivio fiscal y mayor dirección del Estado y de la dirigencia sindical para sobrellevar un momento excepcional. Uno de los que intercambió mensajes con el Presidente en los últimos días fue el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo.

José Urtubey, directivo de la papelera Celulosa y miembro del comité ejecutivo de la UIA, es de los que pidió mayor financiamiento para pagar salarios y mantener las fuentes de trabajo. «Se necesita en forma prioritaria acceder a estos créditos de forma automática para el pago de salarios y para descuentos de cheques», dijo a la nacion Urtubey, que emplea a 1900 personas.

En sintonía con la CGT, el presidente de ALUAR, Javier Madanes Quintanilla -la compañía trabaja con dotaciones mínimas en la producción de aluminio en su planta de Puerto Madryn- pidió que se involucren todas las partes, privados, Estado y gremios, y «navegar esto de la mejor manera posible». Y Agregó: «Esto hay que manejarlo bajo la directiva desde el Estado Nacional y dentro de un órgano que pueda llegar a una solución que pueda ser cumplida por todas las partes». (Fuente: La Nación)